Coeficiente de Gini: El impacto de la creciente desigualdad sobre las actividades económicas

Camilo Ulloa Calderón

Consultor financiero Jr

Grant Thornton

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Sin duda la desigualdad social es uno de los fenómenos que más ha impactado a Latinoamérica y esto ha sido provocado, en buena medida, por la diferencia de oportunidades. A pesar de que la desigualdad no es una causante directa del crecimiento de fuertes limitantes para el desarrollo económico de la región, es necesario comprender qué es lo que la provoca y así atacar de raíz sus causantes. Este tema nos compete a todos, ya que Costa Rica no es la excepción.

En los últimos años, el coeficiente de Gini, que es el índice que se utiliza para expresar la desigualdad de ingresos o riqueza en un país, ha mostrado un comportamiento creciente, manteniéndose por arriba del 0,5% (donde 1 es una desigualdad extrema) y posicionando actualmente al país como el número 20 más desigual del mundo y entre los primeros puestos en América Latina, según datos del Banco Mundial.

Y es que, el impacto recibido por la economía costarricense a razón de los acontecimientos externos causantes de la inflación importada y las distintas presiones internas existentes, se refleja en una acentuada brecha económica entre la clase social más pudiente y las menos remuneradas. Estas últimas, se han visto principalmente afectadas por el fuerte aumento en el coste de vida, especialmente en los precios de la canasta básica con una variación interanual a junio del 16% y transporte que aumentó en un 24,15% interanual, productos que suelen cubrir un rubro importante del presupuesto por hogar.

Cabe destacar que el aumento generalizado de los precios sin un aumento proporcional de los ingresos provoca que el consumidor pueda demandar cada vez menos productos con la misma cantidad de dinero que dispone. En la teoría, cuando los consumidores no cumplen la expectativa de demanda del productor, este último debe bajar el precio para así buscar un punto de equilibrio, no siendo así en este caso, los bienes y servicios ofertados no pueden bajar de precio, dado a que el aumento del costo de producción se deriva del incremento del precio de las materias primas importadas (derivados del petróleo, granos, metales, entre otros).

Además de esto, existen otros factores que han influido con el pasar de los años al comportamiento alcista de la desigualdad en el país. Durante el 2018 se aprobó y comenzó a regir la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde no solo se aumentó el impuesto de renta, sino que también se introdujo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), el cual, a pesar de que debía entrar a regir en algún momento, se consideró como un impuesto regresivo.

Estos cambios resultaron impactantes en el momento que se efectuaron, debido a que, contrario a lo que se planeó, provocaron que negocios se convirtieran en actividades no rentables, lo que desincentivó a los productores y por supuesto, afectó al consumidor final. Lastimosamente, también se debe comentar que esta medida impositiva encareció la industria inmobiliaria, dificultando a muchas familias y negocios mantener su capacidad para pagar una renta. Un comportamiento bien explicado en la conocida teoría de la curva de Laffer, que advierte sobre el comportamiento de un mal manejo de la recaudación impositiva.

Otro punto importante de mencionar es que la coyuntura costarricense también se vio afectada por la pandemia del COVID 19, la cual aumentó en gran medida las vulnerabilidades sociales que ya se tenían. Cabe resaltar que no solo las medidas paralizadoras de la economía nacional afectaron al país, sino que también las fuertes medidas tomadas en los países desde los que importamos los productos. Este acontecimiento causó gran aumento de precios, poca capacidad operativa y de pago de los negocios, generando así desempleo y un aumento histórico en la tasa de disparidad social.

Sin embargo, la desigualdad interanual de un 13,6% experimentada hoy día en Costa Rica, según datos del INEC, no solo se deriva de los problemas anteriormente mencionados, sino que también de un avance cada vez más importante de la tecnología. Este constante desarrollo ha impulsado una fuerte demanda de perfiles profesionales cada vez más especializados, por lo que cierto porcentaje de la fuerza laboral se verá forzado a actualizar sus conocimientos para no ser excluido del cambiante mercado laboral.

Además, dado que muchas de las familias constituyentes de los primeros dos quintiles de ingresos más bajos se desempeñan en profesiones poco especializadas, se puede observar una brecha importante con los quintiles cuyas profesiones son calificadas y, por lo tanto, tienen ingresos más altos. Esto pasa debido a una relación clave entre los conocimientos productivos que hoy día se demandan, la capacidad de actualización e innovación y el éxito de la operación de las compañías, logrando el desarrollo constante de las distintas actividades económicas que mueven la producción del país.

Esta situación preocupa en un país como Costa Rica, donde gran parte de sus ingresos se invierten en educación, programas sociales y nuevas oportunidades. Ahora bien, sobresale el dilema en que, aun cuando aumenta la inversión en este rubro, también aumenta la desigualdad y los nichos de pobreza. Dicho sea esto, es posible que parte de esta situación sea generada no por un tema de distribución de riqueza o creación de oportunidades sino, de un planteamiento enfocado de manera errónea en las mismas, incentivando el estudio de profesiones poco demandadas y con poca competitividad en el mercado laboral actual o la imprecisión en la inversión de los recursos en focos con mínimo impacto sobre los verdaderos problemas sociales.