¿Cuánto dice que vale?
Pedro Oller [email protected] | Martes 04 noviembre, 2008

Pedro Oller

Así es. Un total de $700 millones para que el país avance. Los $80 millones ofrecidos por el gobierno resultaron muy poquito. Los señores piden más de diez veces esa suma, lo que resulta un secuestro extorsivo y no una negociación de buena fe.
Pero no nos debería sorprender. Las convenciones colectivas de JAPDEVA siempre han perseguido el mismo fin: Premiar la ineficiencia con el dinero de todos los costarricenses, beneficiar a unos pocos y, muy para su vergüenza, sentenciar a Limón a un estado de abandono que duele. Cuando no se les conceden las barbaridades que piden —a nombre y en abuso de un pueblo bueno—, siempre recurren a las huelgas y a la violencia como medio de coerción.
Que no me vengan a decir que el plan del gobierno está fallado, porque la contrapropuesta hecha por el sindicato es exclusivamente económica. Ayunos estamos de la forma en que mejor haríamos del Caribe. Nada que ver con el fondo y las necesidades de un Limón pujante. Por ahí, marginalmente se asoma el fantasma de que la empresa privada finalmente participe de la gestión portuaria. Pero hasta ahí, lo cierto es que aquel demonio denominado “privatización” se sacrifica en el altar del despilfarro. Cual argumento para reivindicar algo de la desproporcionada exigencia sindical.
Antes de caer en la peligrosa tentación de ceder a caprichos, sobre todo en la recta final de la administración, el gobierno debería considerar seriamente la posibilidad de adoptar la propuesta del PAC respecto al tema. El Ministro Institucional, don Marco Vargas, había dejado abierta esa opción al conocer el planteamiento del partido opositor. Hoy se vuelve un requisito.
La propuesta del PAC resulta interesante. Primero, al mantener los puertos del Atlántico bajo el control de Japdeva nos permite no pagar caprichos por concepto de compensaciones. Segundo, porque permite la revisión de ese elefante blanco que se llama Japdeva: Obligando a reformar la ley constitutiva del instituto; obligándola a invertir —más allá de las cargas propias de salarios y gollerías — en el objeto de su razón de ser, los puertos; y, finalmente, abriendo a revisión y ¡de esperar modificación! los privilegios que concede su convención colectiva.
En adición, la propuesta del PAC pone a Japdeva a competir con un nuevo complejo portuario, en manos privadas, que se ubicaría al norte de Moín. Con eso, los costarricenses terminaríamos de darnos cuenta de la ineficiencia del esquema actual y podríamos aprovechar efectivamente las posibilidades que el sector brinda. Si esto viene acompañado de un modelo de concesión que fomente la reinversión en la zona Atlántica de parte de las utilidades generadas, daríamos al traste con la figura de Japdeva que desaparecería como consecuencia de su propia inopia. Amen.
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