Eli Feinzaig: “Costa Rica no puede darse el lujo de atrasar entrada en vigencia de empleo público”
Esteban Arrieta [email protected] | Domingo 05 marzo, 2023 10:00 a. m.
Para no afectar la seguridad jurídica y al mismo tiempo evitar una afectación en las finanzas públicas, Costa Rica no puede darse el lujo de atrasar la entrada en vigencia de la ley de empleo público, según Eli Feinzaig, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista.
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La normativa, que establece un mismo salario por puesto laboral en el gobierno central, entrará en vigencia el próximo viernes 10 de marzo.
Sin embargo, Gilberth Jiménez, diputado de Liberación Nacional, convenció a los jefes de fracción para abrir un debate en el plenario este lunes. El objetivo, es detener la polémica ley.
“El país no puede darse el lujo de atrasar la entrada en vigencia de la ley de empleo público. Suficiente atraso sufrió cuando el expresidente Luis Guillermo Solís, de la manera más irresponsable posible, dijo que no iba a impulsar empleo público, porque los efectos se iban a sentir en el mediano o largo plazo. Si él lo hubiera hecho, ya estaríamos sintiendo parte de esos beneficios, de manera que posponer la entrada en vigencia ahora, no es conveniente. Por otra parte, estar aprobando leyes, para luego frenarlas, lo que genera es inseguridad jurídica y e impide avanzar en la dirección correcta”, dijo Feinzaig.
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Y es que la ley de empleo público detiene el crecimiento del gasto estatal en materia de remuneraciones.
Esto, porque todos los trabajadores del Estado que tengan un sueldo por encima del salario global que se establezca por puesto laboral, no podrán seguir acumulando pluses, ni aumentos de ninguna otra índole.
En el caso de los nuevos funcionarios, tendrán que supeditarse de inmediato al salario que se establezca para todo el Estado.
En el Club de los Países Ricos que incluye a Japón, Alemania, Estados Unidos, Canadá y Suecia, entre otros, Costa Rica supera a todos en el gasto de salarios para sus empleados públicos, según dio a conocer la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Y es que, porcentualmente, nuestro país destina el 52% de los ingresos que recauda para pagar la remuneración de los burócratas, mientras que el promedio de la organización es de 25% aproximadamente.
