Marta Acosta denuncia que referéndum “jaguar de Rodrigo” busca desmantelar competencias y funciones de la Contraloría
Mandatario está dispuesto a buscar el voto del 5% del padrón electoral
Esteban Arrieta [email protected] | Miércoles 05 junio, 2024 05:40 p. m.
El referéndum propuesto por el presidente Rodrigo Chaves se centra, casi por completo, en desmantelar las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría General, según denunció esta tarde Marta Acosta, contralora general.
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En una breve nota de prensa, Acosta señaló que se hará un análisis a profundidad de la propuesta e inmediatamente, realizó una serie de críticas contra la consulta popular.
“Suprime ámbitos de control y restringe sus funciones sustancialmente en detrimento de la protección de los fondos públicos que le pertenecen a todos los costarricenses. Principios fundamentales como la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública, conquistas significativas de esta sociedad, se verían seriamente perjudicadas con el cercenamiento de instancias de control vitales en la institucionalidad pública”, indicó Acosta.
La contralora también señaló que el presidente Chaves recurre a juicios de valor, falacias e irrespeto sobre cómo opera el Estado y la Contraloría, además de ataques alevosos contra ella.
La ley jaguar del presidente Rodrigo Chaves, que implica un referéndum antes de las elecciones presidenciales del 2026 y se centrará solo en un puñado de temas.
Se trata básicamente de una reforma de la ley que cobija a la Contraloría General, el desarrollo de Ciudad Gobierno y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.
La propuesta de ley modifica la ley de contratación administrativa y aclara normas y competencias de la Contraloría General. El plan no incluye la venta del BCR, ni las jornadas 4x3, ni tampoco una revocatoria de mandato o reelección presidencial.
En caso de que la Asamblea no le dé los 29 votos que se requieren para avanzar con la consulta, se hará el referéndum por medio del mecanismo de iniciativa popular, por lo que se buscar la firma del 5% del padrón electoral.
En este caso, el gobierno buscará la firma de 180 mil personas.
