Se viene el IVA

Finalmente, el Gobierno anunció que enviará a la Asamblea Legislativa en los próximos días el nuevo proyecto del Impuesto al Valor Agregado.
La mayoría de los cambios importantes ya eran un secreto a voces, es decir, que se gravarían los servicios, que la educación y la salud recibirían un trato diferenciado, que los contribuyentes podrán acreditar todo el IVA pagado si no son los consumidores finales y el aumento en la tarifa, a saber un 14% para 2016 y un 15% para 2017.
A efectos de los consumidores el efecto es claro, pagaríamos más no solo por el aumento de las tarifas, sino por la inclusión de los servicios, lo cual resulta consecuente con el hecho de que IVA es un impuesto que grava el consumo, no la producción o las ventas.
A pesar de lo anterior, existen temores de que parte de ese impuesto no lo terminen absorbiendo completamente los consumidores, sino que sean los vendedores de bienes y servicios los que lo asuman parcialmente, debido a la negativa del consumidor de aceptar un aumento de costos.
Si bien puede que este efecto se observe de forma parcial ante la eventual entrada en vigencia del proyecto, en todo caso sería un efecto temporal.
Sobre gravar los servicios, siendo objetivos, esa es la práctica normal en la inmensa mayoría de los países con este impuesto y no se ve ninguna razón, por ejemplo, de gravar servicios de parqueo o lavandería, pero no servicios de pintar casas o de contabilidad.
Sin embargo, el cambio propuesto tendrá un importante efecto en todos los sectores de servicios no acostumbrados a lidiar con este impuesto, con el consecuente aumento de obligaciones materiales y formales, cuyo incumplimiento en estos días recibe sanciones en muchos casos claramente desproporcionadas.
El incentivo de no pedir factura (para ahorrarse el IVA) se mantendrá, a menos que el proyecto de impuesto de renta introduzca algún tipo de deducción, al menos por algunos servicios puntuales.
Sobre el aumento de la tarifa, en términos generales no es ni alta, ni baja con relación a otros países de Latinoamérica, pero el problema es su utilización para cubrir un presupuesto estatal que en vez de reducir el déficit fiscal, lo viene a aumentar.
Todos querríamos ver ese dinero en carreteras, hospitales o escuelas, no sufragando convenciones colectivas abusivas o aumentos salariales de un sector público que ya gana mucho más que el sector privado ¡Así no vale!

Rafael Luna
Abogado tributario
[email protected]