Claudio Alpízar denuncia al presidente Rodrigo Chaves por usar recursos públicos para hacer campaña
Reclamo por supuesta beligerancia fue presentada ante el TSE
Esteban Arrieta [email protected] | Martes 25 marzo, 2025 05:05 p. m.
Este martes 25 de marzo de 2025, Claudio Alpízar, líder del Partido Esperanza Nacional y posible candidato a la presidencia de la República, presentó una denuncia formal ante la Secretaría General del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contra el presidente Rodrigo Chaves por presunta beligerancia política.
En su denuncia, alega que el mandatario ha incurrido en un uso indebido de recursos públicos con fines electorales, lo que según él representa una violación tanto de la Constitución Política como del Código Electoral.
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“Cuando se acerca una elección nacional, la beligerancia política se vuelve un tema mucho más delicado. Nuestra legislación busca garantizar igualdad en la contienda y exigir condiciones equitativas para todos los participantes”, declaró Alpízar.
Asimismo, advirtió que el uso de recursos públicos para beneficiar a ciertos candidatos erosiona la democracia y debilita la transparencia del proceso electoral.
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El líder político también respondió a declaraciones previas del presidente Chaves, quien ha calificado las denuncias de beligerancia política como un intento de “golpe de Estado” en su contra.
Alpízar rechazó tajantemente esta postura y sostuvo que si el mandatario persiste en violar las normas electorales, “sería un autogolpe de Estado, pues sería él mismo quien incumpla las reglas establecidas”.
Finalmente, Alpízar instó al TSE a investigar y sancionar cualquier acto de beligerancia política por parte del Ejecutivo, subrayando la necesidad de un proceso electoral justo y equitativo de cara a las elecciones nacionales de 2026.
“No hay mejor garante de la democracia que el Tribunal Supremo de Elecciones, quien ha velado por la transparencia de los procesos desde 1949", concluyó.
En caso de que el Tribunal declare culpable a Rodrigo Chaves del delito de beligerancia política, el mandatario se expone a ser destituido del cargo y hasta inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por un periodo que oscilaría entre dos y cuatro años.
