Parece que esta medida es, una vez más, una manera de tapar un vacío financiero con un tributo sencillo de cobrar

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El codiciado impuesto al combustible

El impuesto que se carga sobre el combustible es un castigo elevado que paga el país, le hace perder en productividad y es un generador importante de inflación.
Es Costa Rica el país que impone el tributo más alto a los hidrocarburos, equivalente a más o menos la mitad del precio final por cada litro.
De esta manera, tenemos una inflación autoimpuesta, debido a que el precio de la gasolina impacta de forma directa en los costos de la producción.
La gasolina tiene un efecto multiplicador, en función de lo que suceda con su costo. Impacta directamente en la generación eléctrica y, de ahí, se traslada al precio de los bienes finales.
Inclusive, la economía doméstica se ve impactada, más en aquellos casos en los que se dispone de un vehículo en el hogar.
Durante el primer trimestre, por ejemplo, la reducción en el costo de los combustibles propició deflación y animó un poco la economía, pues los costos se reducen en casi todos los eslabones de la cadena de valor productiva.
Resulta preocupante que, en lugar de corregir esta fórmula y devolver la competitividad a la industria local, ahora los municipios pelean con el Gobierno su parte del botín.
En este momento, solo un 7% del dinero recaudado por impuesto a los combustibles llega a los municipios, los cuales dan mantenimiento al 90% de la red de carreteras.
Con la propuesta, el porcentaje subiría al 22%, de manera escalonada. En dinero, significan unos ¢60 mil millones más de lo que reciben en la actualidad.
Parece que esta medida es, una vez más, una manera de tapar un vacío financiero con un tributo sencillo de cobrar. Un estudio podría determinar, con relativa sencillez, que reducir el impuesto a los combustibles es una medida directa para devolver el poder adquisitivo a los costarricenses y competitividad al empresario.
En tanto, el problema fiscal debe tratarse como lo que es, un problema de finanzas públicas originado porque el Gobierno gasta más de lo que tiene, y agravado por una deficiente gestión de cobro de los tributos ya aprobados.