Frenar obras en Gandoca-Manzanillo es urgente, según Defensoría ante la Sala IV
La falta de acciones concretas ha permitido que continué el otorgamiento de permisos y la explotación del área protegida
Esteban Arrieta [email protected] | Domingo 02 marzo, 2025 10:00 a. m.
La Defensoría de los Habitantes ha solicitado a la Sala Constitucional medidas cautelares para detener la construcción en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, argumentando que se está poniendo en riesgo un patrimonio natural invaluable.
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Pese a que en 2019 la Sala IV declaró inconstitucional la Ley 9223, que modificaba los límites del refugio, la falta de acciones concretas ha permitido que continué el otorgamiento de permisos y la explotación del área protegida.
El recurso, presentado esta semana, consta de un informe técnico-jurídico de 86 páginas y se fundamenta en la falta de cumplimiento de la sentencia 2019-012745, que ordenaba la delimitación del refugio y la suspensión de cualquier actividad que pudiera dañar el ecosistema.
Según la Defensoría, se ha hecho caso omiso a esta resolución, lo que ha resultado en la tala de árboles y en la concesión de al menos 952 permisos de aprovechamiento forestal entre 2014 y 2024.
“Han transcurrido 11 años desde que inició este tortuoso proceso sin obtener resultados tangibles y positivos. Es imperativo que la decisión de la Sala IV no se quede en el papel, sino que tenga eficacia en lo que aún se pueda conservar y proteger”, declaró la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.
Uno de los principales problemas radica en la falta de certeza sobre los límites reales del refugio.
A pesar de la sentencia de 2019, no se ha realizado una delimitación oficial de las zonas boscosas y humedales protegidos.
Además, el Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita ha omitido importantes humedales identificados en estudios técnicos previos, lo que ha permitido la concesión y administración de zonas que podrían formar parte del Patrimonio Natural del Estado.
La Defensoría ha insistido en que, aunque la Sala IV ha rechazado medidas cautelares en el pasado, recientes resoluciones en otros casos ambientales, como en la zona de El Tirol en Heredia, abren la posibilidad de una respuesta favorable. En su solicitud, el ente defensor pide:
1. La suspensión de concesiones y permisos de construcción en la zona marítimo-terrestre del refugio, así como la detención de obras ya iniciadas hasta que se defina la situación legal de 20,1 hectáreas de bosque.
2. La anulación de la directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía, que sigue considerando válidos los límites establecidos por la Ley 9223, a pesar de haber sido declarada inconstitucional.
3. La suspensión inmediata de permisos de corta y aprovechamiento forestal otorgados en las áreas de bosque que deben ser reintegradas al refugio.
