Grave Caso Cochinilla

Jonathan Prendas

Diputado

Nueva República

El país está consternado. Las autoridades han calculado preliminarmente que alrededor de ¢78.000 millones fueron malversados por una red de corrupción que operaba en varias instituciones del Estado.

Tras un megaoperativo que incluyó 57 diligencias policiales en Casa Presidencial, MOPT, Conavi y otras instancias públicas y privadas, el Organismo de Investigación Judicial informó que se desviaron fondos para financiar de manera irregular la construcción de infraestructura vial. Esto explica los atrasos y sobrecostos en algunas de las obras más importantes para el país.

El director del organismo, Wálter Espinoza, se refirió a estos hechos como propios de una estructura de crimen organizado, y explicó que los miembros de ese grupo que se investiga –se han detenido a cerca de 30 personas y otras más están bajo el lente del OIJ- obtenían dinero, viajes, terrenos, vehículos, favores sexuales “y todo aquello que ustedes puedan imaginarse”.

Preocupa sobremanera que hayan ocurrido hechos y circunstancias relacionados con delitos de malversación de fondos, cohecho, pagos irregulares de contratos, peculado, asociación ilícita, tráfico de influencias, estafas y falsedad ideológica, pero lo más grave es el golpe a la institucionalidad del país.

Estos actos de corrupción ocasionaron un enorme daño moral y afectaron sensiblemente las finanzas de nuestro país, ya de por sí debilitadas por la pandemia del Covid-19. Desnudaron otra vez una realidad sobre la que debemos trabajar con seriedad: Costa Rica dispone de recursos, pero éstos no se usan adecuadamente y eso es lo que frena nuestro desarrollo.

En estos gobiernos PAC, $36 millones se fueron con el cementazo, ₡900 mil millones desaparecieron con el heroico hueco fiscal de Luis Guillermo Solís, ₡15 mil millones se pagaron de más en el MEP y ₡78 mil millones fueron parte los sobornos en el Conavi. La suma de todo eso está apenas por debajo de los $1.750 millones que el país está pidiéndole al FMI.

Para tener una mejor perspectiva, con esos ₡78 mil millones que se supone fueron malversados, se podrían haber construido siete pasos a desnivel como el de las Garantías Sociales o 19 colegios como el Napoleón Quesada en Guadalupe.

El país tiene que castigar la corrupción. Al trabajo de las autoridades del OIJ y del Ministerio Público, debe sumarse una mayor presión social; los costarricenses tenemos que estar más dispuestos a monitorear el avance de las investigaciones y exigir resultados. La impunidad alimenta la descomposición en el seno del gobierno.

Pero serán las elecciones presidenciales de febrero del 2022 las que nos ofrezcan una oportunidad inigualable para votar por quienes tengan la valentía de enfrentar a la corrupción, para elegir a los diputados y al candidato presidencial que estén comprometidos con la transparencia en la función pública.

Nueva República y Fabricio Alvarado representan los valores costarricenses; además, están dispuestos a mejorar la legislación, a darles más herramientas y recursos a las autoridades para erradicar ese cáncer que se está extendiendo de manera muy peligrosa en nuestro país. Hechos como los que investiga el “Caso Cochinilla” no deben suceder nunca más en Costa Rica.