¿Justicia pronta y cumplida, ó descarrilada?
Humberto Pacheco [email protected] | Martes 22 septiembre, 2009


TROTANDO MUNDOS
¿Justicia pronta y cumplida, ó descarrilada?
“Estado acuerda devolver bienes a hermanos López”! ¿Y QUE DIABLOS LE VA A DEVOLVER A LOS TICOS QUE ENCARCELO POR VARIOS AÑOS POR SER TONTOS UTILES DE LOS HERMANOS LOPEZ Y SUS SOCIOS POLITICOS? El Estado encarceló a unos babosos directores del Banco Anglo que por complacer a los políticos que los nombraron, legitimaron acciones diseñadas por esos corruptos con la ayuda de un par de extranjeros “expertos” en finanzas. Como el negocio privado se les agrió, se lo “cedieron” retroactivamente al banco, arruinándolo.
Una vez procesados, los extranjeros huyeron del país no se sabe a ciencia cierta con la ayuda de quienes pues era mucho lo que podían decir. Como los políticos no firmaron nada, el muerto le cayó a los directores que pararon en la cárcel. Pero el dinero se esfumó y, sí hay algo evidente en todo esto, es que no fue a parar a sus bolsillos. ¿Quién lo tiene?
¿Porqué, sí el caso contra los chilenos era “tan débil” como dicen, éstos salieron huyendo? ¿Qué mecanismos “transparentes” se dieron para que el Estado les devolviera los bienes? ¿El ser prófugos de la justicia no era suficiente razón ética para que la Procuraduría diera la batalla hasta el final, aunque la perdiera?
Dicen que los molinos de Dios muelen lento pero muy fino. Nos sospechamos que en este caso lo están haciendo tan finamente que talvez el castigo llegue por medio de otro caso.
Tengamos presente que se trata de la misma Procuraduría que, con decisiones verdaderamente “jaladas” del pelo, tiene a la industria del desarrollo turístico —ese filón que tenía al país en un increíble proceso de desarrollo— total y arbitrariamente dañada.
Bastó una sentencia de esa bala perdida que es la Sala Cuarta, que dicen en los corrillos redactó una letrada y firmó sin leer un Magistrado sobrecargado de trabajo, para confirmar la decisión de extender el lindero del parque de Las Baulas más allá de lo que dice la ley y agregar, olímpicamente, una zona de amortiguamiento salida de un sombrero de mago de circo del Minae, porque en la ley de Costa Rica no existe. Además se violó el debido proceso —al más alto nivel— porque no se les dio audiencia a las víctimas dueñas de las propiedades.
Allí quedaron atrapados la legalidad y proyectos que, con TODOS sus permisos en orden y a medio construir, fueron detenidos, causándoles pérdidas millonarias en dólares que el Estado tarde ó temprano tendrá que pagar. ¡Incluso afectó proyectos situados en medio del “ecológico” pueblo de Tamarindo!
Que no nos vengan con razones ambientales para justificar los atropellos que están sufriendo los propietarios de la zona, en cuyos predios entran abusivamente los burócratas como sí fueran el Parque Central cuando aún no tienen derecho porque los propietarios no han sido compensados, y eso lo exige la Constitución.
Somos defensores del ambiente, pero no podemos ver con indiferencia que en Costa Rica se violente la Constitución y las leyes, se destruya la industria del desarrollo turístico y se abuse del delicado cargo de Procurador, que por estar cubierto por un desgastado Servicio Civil hace dudar a la Casa Presidencial.
La mayoría de las víctimas son estadounidenses que, para su ventaja, encontrarán respaldo en los mecanismos legales del TLC. Se le vendrán al país serios reclamos internacionales que no está en condiciones de pagar. Y para colmo, los bancos costarricenses que han financiado algunos proyectos, además de aprovisionar la pérdida perderán su garantía, aunque la rematen, porque no tendrá ningún valor comercial.
Pero, que harán las víctimas costarricenses ante los abusos de la Sala Cuarta y los Procuradores, que parecen actuar en tandem? Porque para las resoluciones de la Sala Cuarta no hay más recurso que la revisión de la misma Sala.
Urge reformar la Sala Cuarta para devolverle a Costa Rica la seguridad jurídica perdida, que no solo la física está hoy en juego.
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