Más agua al pozo

El Gobierno anunció que presentará un proyecto de ley para convertir el actual Impuesto General sobre las Ventas en un verdadero Impuesto al Valor Agregado o IVA.
Ciertamente la anunciada transformación ha estado en nuestra Asamblea Legislativa durante muchos años, puesto que el expresidente Rodríguez Echeverría presentó un proyecto en este sentido, al igual que Pacheco de la Espriella y Chinchilla Miranda.
Todas esas iniciativas se cayeron por diversas formas de oposición legislativa, así como por recursos legales y constitucionales de diversas agrupaciones políticas. Al menos la expresidenta Chinchilla logró hacer una modificación significativa del acercamiento a un impuesto de valor agregado con la modificación del artículo 14 de la Ley, pero le faltó su aplicación a la generalidad de servicios.
Sobre esto último, vale aclarar que Costa Rica es casi una isla en el mundo al no gravar con IVA la mayoría de los servicios, al contrario de lo que ocurre ahora, que solo están gravados ciertos servicios que nadie puede explicar de manera convincente su inclusión, pero la exclusión de todos los demás.
Es decir, el servicio de reparación está gravado, pero no el de contabilidad, los parqueos están gravados pero los servicios de logística no, el servicio de fotocopiado está gravado, pero no el de fotografía, etc.
Partiendo de la base de que lo preferible es gravar la generalidad de los servicios, siempre se discute sobre la inconveniencia de gravar algunos tipos de servicios, o al menos hacerlo con una tarifa diferenciada.
Si recuerdan las discusiones legislativas al respecto en los proyectos anteriores, es evidente que el debate se centró en los servicios de salud y los de educación. En otras palabras, lo que era debatible sobre una porción ínfima del universo de servicios potencialmente gravables, provocó en gran medida el fracaso de una modificación lógica y mundialmente aceptada, sobre todo en Costa Rica, donde la importancia del sector servicios ha venido aumentando sensiblemente de forma comparativa a la del sector productivo con el correr de los años.
Por tal razón me pareció inconveniente desde el inicio que una medida urgente y lógica como esta, se tratara de postergar por dos años, según prometió el presidente Solís, obviamente motivado más por una cuestión de populismo electoral que de conveniencia nacional.
No obstante, en estos momentos no estaría a favor de su aprobación, porque su génesis era paliar el déficit fiscal a través del aumento de ingresos y la disminución de gastos.
Pero desde el momento en que el Presidente presentó un presupuesto que más bien pretende ser deficitario en un 6,7% del PIB solo para el primer año de Gobierno, está claro que ese incremento de ingresos no viene a mejorar la situación, sino que pretende sufragar un aumento mayor del gasto público, es decir, precisamente lo opuesto a lo prometido en campaña.
En otras palabras, el Gobierno no se está ganado la autoridad moral para cobrar más impuestos.

Dr. Rafael Luna
Abogado Tributario
[email protected]