Carretera en Moín y Terminal de Contenedores varados por orden judicial

Megaproyectos fracasan por trabas de opositores

Apelaciones en Sala Constitucional y Tribunal Contencioso, son opciones para frenar proyectos

Identificar los grupos que se podrían oponer eventualmente a un megaproyecto de infraestructura en el país, incluirlos en la creación de la propuesta y evitar las trabas futuras sería una buena opción para que no sigan fracasando obras importantes para el país.
La construcción de una pequeña carretera en Moín y el inicio del megapuerto más grande del país fueron frenados por una medida cautelar que impuso el Tribunal Contencioso debido al supuesto daño ambiental que se daría en la zona según opositores.
También fracasó la modernización de la carretera entre la capital y San Ramón, el alto costo de los peajes y un proyecto que muy pocos conocían, provocaron el malestar de la colectividad y finalmente la presión ahogó al Gobierno, que no tuvo más remedio que finalizar el contrato con OAS.
Nadie experimenta por cabeza ajena, por eso ya es hora de que el Gobierno aprenda de sus experiencias pasadas.
Luego del fracaso para ampliar la carretera a San Ramón, se trabaja en una propuesta en conjunto con el Foro de Occidente, universidades, colegios profesionales y el MOPT para lograr un nuevo proyecto que permita hacer realidad esa vía.
Asimismo, se perdieron ya casi nueve años en una ruta que todavía no pasa del papel, debido a que la figura de la concesión fue rechazada tajantemente por los opositores que intentaron detener el contrato con OAS en instancias legales antes de que el Gobierno cediera a la presión.
La construcción de una carretera de dos kilómetros en Moín y la terminal de contenedores en esa zona son los dos proyectos de infraestructura más importantes del país actualmente trabados.
En torno a la vía y al megapuerto existen muchos cuestionamientos por el supuesto daño ambiental que ocasionarían en el humedal y un área protegida.
Lograron detener el inicio de la ruta por medio de una medida cautelar impuesta por el Tribunal Contencioso mientras se aclaran las dudas ambientales. Por ende, se afecta el megapuerto que tampoco podrá iniciar.
Sin embargo, nunca se logró integrar a los sindicatos, ambientalistas y opositores al proyecto en la creación de soluciones.
En el país las concesiones generan un rechazo en general, mucho más cuando el Gobierno anuncia la obra sin información o publicidad adecuada para evitar que surjan los puntos negativos.
Integrar a las comunidades y a los sectores afectados en la conformación de un megaproyecto de infraestructura podría evitar engorrosos procesos legales, apelaciones, incluso podría facilitar las expropiaciones.
Frenar los proyectos que el país necesita, detener el desarrollo y la competitividad son las consecuencias de esa falta de planificación cuando de megaobras se trata.
Por primera vez en más de cinco décadas existe el dinero para financiar proyectos de infraestructura vial y se cuenta con un sólido contrato para desarrollar el puerto que el Caribe necesita con el respaldo de una empresa internacional.
Aunque las críticas y los cuestionamientos siempre son válidos porque buscan defender los intereses de las comunidades, también se deben anticipar esos problemas para evitar que finalmente provoquen el fracaso de un proyecto.
La mala experiencia con la carretera a San Ramón debería servir para que el Gobierno y los ciudadanos entiendan que el país necesita desarrollarse.
Detener las obras en Moín podría significar un golpe a una inversión de $1.000 millones que permitirá impulsar el ingreso y salida de mercancías.
Los frenos en tribunales o Sala Constitucional son válidos ante las dudas, pero todos los proyectos grandes terminan en esas instancias, a veces se atrasan años, y al final se hacen mucho más caros lo que afecta el bolsillo de todos.

Manuel Avendaño
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