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¿Quién manda en los partidos políticos?

Vladimir de la Cruz [email protected] | Miércoles 01 agosto, 2018


Pizarrón

¿Quién manda en los partidos políticos?

Los partidos políticos son desde 1890 las únicas organizaciones que pueden postular candidatos a puestos de elección popular. Antes de esta fecha no existían en Costa Rica los partidos políticos como hoy los conocemos. Desde entonces operan como tales, con las modificaciones que en las distintas leyes electorales se han ido estableciendo para su funcionamiento.

Así, por medio de estos partidos políticos se postulaban candidatos a la Presidencia de la República, y se postulaban los candidatos a diputados, para sus respectivas elecciones, nacionales o de medio periodo, y del mismo modo los candidatos a los puestos de elección de las municipalidades.

A partir de 1948 hasta hoy por elección popular se metieron en la lista presidencial los candidatos a la vicepresidencia de la República, en voto directo, secreto y universal, como son nuestros procesos electorales actuales. Antes de 1948 los designados a la Presidencia, como se les llamaba a los vicepresidentes, los elegía el Congreso de la República, como resultado de negociaciones políticas o de pactos parlamentarios de los partidos allí presentes.

Las personas electas tanto para el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, como para los gobiernos municipales, respondieron siempre a los partidos políticos que representaban, o por los cuales fueron electos. Los partidos políticos como tales tenían más reconocimiento público y los ciudadanos y candidatos se identificaban orgullosamente con ellos. A nivel del Poder Ejecutivo, es claro que se prohíbe la beligerancia política de quienes lo ejercen.

Por tal motivo, en el momento en que son electos se “desconectan” públicamente a todos los efectos partidarios, de sus partidos políticos, porque en principio “representan” a partir de su elección a todos los ciudadanos, aun cuando solo hayan sido electos por una parte porcentual de los mismos.

Y quienes ejercen el Poder Ejecutivo, por su nombramiento popular, quedan en absoluta libertad de nombrar todos sus colaboradores inmediatos, sus ministros actuales, o sus secretarios de Gobierno, como se les llamaba antes de 1948.

Sobre este “desconecte” del presidente y sus vicepresidentes, como de sus ministros, hay gran vigilancia pública, y gran control político que raya a veces en lo ridículo, como estar pendiente de si la presidenta Laura Chinchilla Miranda se ponía un pañuelo de color verde que podía asociarse a los colores de su Partido Liberación Nacional, para hacer un escándalo o criticarla.

Recientemente el Tribunal Supremo de Elecciones ante consulta que le hicieron, sobre la Ministra de la Mujer, que es presidenta de su partido Frente Amplio, y sobre otros ministros que tienen vínculo con sus partidos políticos, que no son de gobierno, resolvió, a mi modo de ver, inteligentemente y con sentido realista, de esta nueva situación política que estamos empezando a vivir, de “unidad nacional” en el gabinete o consejo de ministros, que esos ministros no tenían por qué renunciar a sus partidos políticos, y que era esperable que ellos, en sus funciones de gobierno, tuvieran el recato o la prudencia de no actuar a nombre de esos partidos de los cuales son miembros, siempre “destetándolos” de su vinculación partidaria en cuanto a imagen o beligerancia pública.

Particularmente creo que los miembros del Poder Ejecutivo, presidente, ministros y viceministros, deben participar activamente en el debate político nacional, defendiendo sus tesis de gobierno, y lo que impulsen como programas de partido en acciones de gobierno, o en la defensa de los proyectos de ley que el Ejecutivo promueve.

En cada proceso electoral lo que hay es una oferta de los partidos políticos, por medio de sus programas de gobierno, y por los discursos que hacen los candidatos, en la campaña electoral, de lo que se proponen impulsar como obras de gobierno, respondiendo a esos programas que han elaborado los partidos políticos. Los costarricenses que votaron y resultaron victoriosos en el proceso electoral esperan que esas ofertas y promesas electorales se les cumplan y se ejecuten.

Igualmente creo que el presidente, como máximo jerarca del Poder Ejecutivo, debería tener oficialmente establecido, y de manera normal, ante la opinión pública, reuniones constantes con la directiva de su partido, y participar si fuera del caso en actos públicos de sus partidos, para coordinar lo que corresponda, y no hacerlo de manera “informal”, o “clandestina” como podría suceder.

Creo, igualmente, que el presidente o el secretario general del partido gobernante, como el jefe parlamentario del mismo, deberían ser invitados, con voz pero sin voto, a las reuniones del Consejo de Gobierno, justamente para poder coordinar mejor las acciones que les competan en cuanto a la responsabilidad del partido de ejercer el Gobierno de la República, manteniendo, por supuesto, la entera autonomía del Poder Ejecutivo para las decisiones que ese órgano decida.

Presidentes anteriores tenían por práctica semanal reunirse con todos los diputados electos de su partido, justamente para coordinar, así como con los jefes de las fracciones parlamentarias, con igual motivo. Alguna vez oí que a un Consejo de Gobierno asistía de observador un secretario general de un partido político.

Con los diputados no se presenta este problema. Ellos, como el presidente y sus vicepresidentes, son electos directamente de las planchas que ofrecen los partidos políticos. En la Asamblea Legislativa los diputados representan a los partidos políticos por los cuales fueron electos, hablan a nombre de sus partidos, se identifican con los mismos y hasta pueden poner en sus curules si así lo quisieran las banderas de sus partidos.

Ellos tienen activismo político partidario al 100%, realizan beligerancia política activa. Sobre ellos no hay control político como se ejerce con el Poder Ejecutivo. El control político se da desde la tribuna periodística y de medios de comunicación que informan todos los días de las sesiones parlamentarias, y con frecuencia también de las sesiones de las comisiones legislativas, sobre el avance de la discusión de los proyectos de ley en trámite. Sobre ellos hay una “opinión pública” vigilante que se origina en los propios medios de comunicación, y los comunicadores que gestan esas informaciones o noticias, y hoy de aquellos ciudadanos que preocupados del debate político y de la situación política nacional le siguen los pasos al quehacer parlamentario, por sí, o desde núcleos donde están organizados en lo que hoy se llama “sociedad civil”, y de formas organizativas ciudadanas que no son partidos políticos, así como por la “bulla” y el “ruido” que levanta esta “vocería” por medio de las redes informáticas y los espacios abiertos, identificados correctamente, o por medio de los espacios anónimos, camuflados que algunos usan más para insultar, ofender, denigrar a los distintos actores políticos, y a veces extienden a ciudadanos que no comparten sus puntos de vista o que no les gustan.

Las fracciones parlamentarias de los partidos políticos se han desarrollado en los últimos 25 años con mucha fuerza, y con mucha independencia, al punto de que las fracciones parlamentarias a veces, y es frecuente, hablan por el partido político que representan, enfrentándose incluso a las autoridades partidarias, como recientemente ha sucedido a propósito de la elección o nombramiento que debe hacer la Asamblea Legislativa de la próxima defensora de los habitantes, habida cuenta de que solo hay candidatas mujeres para el puesto, y que en la terna no se puso una candidata que el Partido Liberación Nacional cree que debe haber estado, y ha solicitado a sus diputados que la nominen y voten por ella, negándose la fracción parlamentaria a esa decisión.

Obviamente los diputados por tener más presencia pública diaria que las autoridades partidarias, y los partidos políticos por no estar pronunciándose frecuentemente, como organizaciones políticas que son, sobre los distintos problemas del país, y orientar a sus votantes, a sus afiliados y simpatizantes sobre esas políticas, han perdido validez y eficacia del reconocimiento partidario debido.

Alberto Cañas Escalante hace 25 años empezó a denunciar esa situación interna del Partido Liberación Nacional, cuando percibía que los órganos y autoridades partidarias habían ido perdiendo poder e influencia, y que el Partido poco a poco iba perdiendo su presencia. Habló él de la “gradería de sol” que había empezado a penetrar el Partido y del “ sindicato” de diputados, como males que empezaban a asfixiar el quehacer político de ese Partido, pero que se ha extendido al resto de los partidos y de la vida partidaria política. Esta “gradería de sol” y estos “sindicatos” de diputados afectan igual a los grandes como a los partidos pequeños, aun cuando tiene una representación única, de un solo diputado en la Asamblea legislativa, que tratan de hacer gravitar toda la vida partidaria desde sus gestión. El caso más patético se expresa cuando hay diputados disidentes de sus fracciones y de sus partidos y no se les puede sancionar con eliminarlos de su curul de diputados. En estos casos los partidos y los compañeros diputados sí hablan del “Partido”, que las “curules” les pertenecen a los partidos por los cuales fueron electos. Hasta allí llega el discurso porque las fracciones hoy se imponen a los partidos y los diputados individualmente también.

¿Es soluble este problema de la representación parlamentaria? ¿Es posible que el partido pueda imponerse ante el “berrinche” de un jefe de fracción, de un diputado o de una fracción legislativa para hacer sentir que el partido manda, y que los diputados allí en la Asamblea Legislativa obedecen líneas partidarias?

Es claro que en el ámbito legislativo hay espacios, y pueden ser muchos, de labor propiamente de los diputados, y ellos son los que marcan la línea de trabajo y las líneas de acción, ante el mismo partido.

A mi modo de ver lo que se evidencia en conflictos como estos es la ausencia real de líderes y liderazgos políticos al interior de los partidos, y que esos mismos líderes tengan igualmente el reconocimiento social y político de sus liderazgos fuera de sus organizaciones, y se les tenga como los interlocutores que deben ser.

Si queremos avanzar hacia formas políticas parlamentarias, de nuestro sistema institucional y legislativo, tenemos que fortalecer los líderes y los liderazgos nacionales de quienes dirigen los distintos partidos, sobre todo porque en esos nuevos esquemas de participación política y de participación ciudadana, se requieren líderes sólidos, reconocidos y aceptados, que tengan la capacidad y autoridad para entender que cuando ellos hablan, están hablando por sus partidos, y que tengan igualmente la capacidad para poder tomar acuerdos políticos, que son tan urgentes en nuestra realidad social, económica y política, si queremos verdaderamente llegar a acuerdos para tratar de resolver los principales problemas que afrontamos hoy, que se expresan como “crisis” en algunos poderes de la República, y el desgano ciudadano que conduce a sustituir la decisión política seria por decisiones “populistas”.

Si nos quejamos, como uno de los problemas del entrabamiento estatal y administrativo, de que la Política se ha judicializado, y que la Justicia se ha politizado, es más peligroso, en el momento actual, que la Justicia se “populice” o que se produzca un “populismo judicial”.

Lo que acontece en la Corte Suprema de Justicia es serio. Pero la Corte tiene el capital humano, y de alta calidad, para enfrentarlo y superarlo ante la opinión pública general. Igualmente peligros en este momento es que esa “gradería de sol” tome la Asamblea Legislativa para imponer sus aspiraciones populistas legislativas.

Esto tan solo refleja la crisis y debilitamiento de los partidos políticos nacionales. La democracia nacional requiere, y necesita urgentemente, partidos políticos fuertes, sólidos, y ojalá grandes. Y, requiere también hacer surgir sólidamente la cultura y la educación de las alianzas políticas efectivas, que puedan materializarse en coaliciones electorales coyunturales o en nuevas fusiones políticas trascendentes.

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