Podemos o no coincidir con la aplicación de esta medida, es nuestro derecho; lo que no merecemos es que nos mientan

…desde Moncho

Solamente el 1% reincide

De la totalidad de los y las privadas de libertad a los que se les otorga el beneficio de estar semiinstitucionalizado, solamente el 1% vuelve a cometer un delito.
Ese debió ser el titular. La nota debió escribirse exhibiendo el éxito de la medida que el Estado costarricense tomó cuando ofreció un beneficio que permite a los privados de libertad que califiquen, reinsertarse en la sociedad.
La noticia fue otra. Los titulares otros. Las reacciones del público, que no tiene otra manera de informarse que no sea accediendo a los medios de comunicación, fue enojo.
Las declaraciones de algunos penalistas, la del Presidente de la Sala III, la de políticos que una supone serios, fue otra…
Como si se tratara de un encierro de San Fermín, como si las puertas de los centros penitenciarios se abrieron para todos, como si los sicarios, los violadores, los homicidas, los narcotraficantes hubiesen salido en estampida, como si la seguridad de las y los habitantes hubiese corrido un riesgo impensable; así de irresponsable ha sido la cobertura de una noticia parcializada, amarillista, manipulada por parte de quienes la abordaron con el carácter sensacionalista que enojó y puso en pánico a buena parte de la población.
Entrevisté a la ministra de Justicia Cecilia Sánchez Romero, con documentos en manos, con estadísticas, mostró que:
El 90% de los privados de libertad que pasan a estar semiinstitucionalizados no reincide. Del 10% restante, solamente el 1% vuelve a cometer un delito, y el 9% de ese 10% regresa a prisión o porque cambiaron de domicilio y no lo notificaron, o porque no llegaron a firmar. ¡Porque incumplieron con los compromisos que les permitían gozar de ese beneficio!
Que en 2013 1.350 privados de libertad tuvieron igual beneficio. Que esa disposición opera en Costa Rica desde 1970.
Que existen 18 órdenes de jueces de la ejecución de la pena, más fallos de la Sala Constitucional que obligan a eliminar el hacinamiento en los centros penitenciarios.
Que la sobrepoblación de 14 mil personas hacinadas excede el 20% permitido por convenciones internacionales.
Que el 80% de las mujeres que guardan prisión lo están por haber ingresado a la cárcel drogas a sus compañeros o familiares.
Que se excluyó del beneficio a quienes hayan cometido delitos asociados al crimen organizado, tráfico internacional de drogas, de órganos, trata de personas, de armas de fuego, legitimación de capitales, terrorismo, homicidios, delitos contra los deberes de la función pública, violencia sexual, intrafamiliar, y secuestro.
Que el número de “1.000 presos liberados” es un número inventado. No corresponde a ningún dato cierto.
Me pregunto: ¿Quién promovió esta estratagema? ¿Acaso pretenden frenar un nombramiento? Y, como en los medios somos tan predecibles, es probable que por cada delito cometido el fin de año responsabilicen a algún semiinstitucionalizado.
Podemos o no coincidir con la aplicación de esta medida, es nuestro derecho; lo que no merecemos es que nos mientan.

Iris Zamora

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