Uber ahora gana más por cada viaje en la GAM

Un aumento en la comisión que se deja Uber por cada viaje en la Gran Área Metropolitana es uno de los principales ajustes que implementó la empresa californiana desde ayer.
Tras anunciar a su llegada que se otorgaría un 20% de la factura final por cada transacción entre conductores y usuarios, ahora Uber absorberá un 25%.
Este cambio aplicará para los conductores que no hayan completado un mínimo de cinco viajes antes de la fecha del cambio (ayer). Es decir, todo nuevo chofer que ingrese a la plataforma cobrará un porcentaje menor con respecto a los colaboradores más antiguos.
“Es algo que estamos haciendo en todos los mercados para cubrir costos de operación, como el seguro internacional”, explicó Rocío Paniagua, vocera de Uber para Centroamérica.
Mientras el debate en torno a la legalidad de su negocio se relega a un segundo plano, la empresa flexibiliza los requisitos para sus socios.
Por ejemplo, desde un inicio se estableció que los vehículos debían ser modelos de 2008 en adelante; sin embargo, ahora se aceptan autos hasta de 2006, siempre y cuando estén en buenas condiciones.
Otro de los cambios es la incorporación de la tarifa dinámica, un mecanismo que sube las tarifas para aumentar la cantidad de choferes. Una vez que se equilibra la oferta y la demanda, los precios vuelven a la normalidad.
Además, Uber tampoco exige a sus conductores registrarse ante Tributación como trabajadores independientes ni cotizar ante la Caja Costarricense de Seguro Social, sino que se limita a “motivar” a sus socios a cumplir con las obligaciones que exige la legislación nacional.
Con este portillo, algunos trabajadores prefieren no formalizar su condición laboral, obteniendo ganancias que oscilan entre los ¢800 mil y ¢900 mil, según relatan algunos conductores de la aplicación.
Esta situación podría incentivar la informalidad laboral, donde se encuentran 942 mil trabajadores en el país, unos 56 mil más que el año anterior, según datos del INEC.
Uber entró a Costa Rica el pasado 21 de agosto, argumentando que se trata de un servicio tecnológico de comunidades de autoabastecimiento, por lo que no requiere regulación.
A esa fecha, se había comprometido con el Gobierno para enviar un análisis jurídico sobre la legalidad de su operación, pero nunca llegó, según Sebastián Urbina, viceministro de Transportes.
“Nosotros estamos claros de que, a como está la ley vigente, no se permite el transporte privado de personas. Seguimos trabajando en contra de la piratería”, comentó Urbina, quien niega haber bajado la intensidad en la detención de vehículos que trabajen para Uber.
Se intentó obtener la opinión de Humberto Pacheco, gerente de la empresa en el país; sin embargo, al cierre de edición no contestó las consultas por correo.