Una mirada a la nueva legislatura

Dialéctica
Una mirada a la nueva legislatura

En un sistema republicano la responsabilidad de legislar corresponde a un selecto grupo de personas elegidas por los ciudadanos. La potestad de hacer las leyes que rigen a todos los habitantes de una nación es la más importante de cualquier sociedad. No es otra la razón por la cual la Asamblea Legislativa se erige como primer poder político, subordinada solo al pueblo soberano.
Esta concepción del papel que le corresponde al cuerpo legislativo responde a la lógica de división de los poderes planteada por Montesquieu, pero tiene sus antecedentes en otros pensadores como Hamilton, Locke y Rousseau. Constituye el ideal del Estado democrático, que exige independencia de funciones entre las personas que crean el ordenamiento jurídico, los que administran la justicia y quienes dirigen las instituciones del fuero ejecutivo.
La realidad, sin embargo, no siempre se ajusta a la quimera y lo que sucede en los recintos parlamentarios responde muchas veces más a intereses, egos y coyunturas que a esa visión sublime de los filósofos. Es por eso que los debates, las votaciones y el tiempo en Cuesta de Moras se enmarcan en un contexto singular que no siempre resulta fácil de entender.
Con la legislatura que recién estrenamos abrigamos la esperanza de que los nuevos diputados tengan conciencia plena de la relevancia de su labor y de la independencia de criterio que deben asumir al estudiar los proyectos de ley que se presenten a su consideración, así como de la tarea ineludible de control político, que es parte inherente de sus obligaciones.
Hay temas polémicos que estarán presentes en la corriente legislativa a corto plazo. Me remito a dos de ellos que atañen a esferas medulares de la economía pero que también refieren a valores esenciales del ser costarricense.
El primero es el proyecto de ley sobre energía, que busca mayor apertura del sector a la empresa privada. Sin duda la electricidad es un recurso estratégico cuya generación y suministro tienen enormes implicaciones para el desarrollo nacional, por lo que la propuesta normativa debe verse a la luz de las necesidades actuales y futuras del país, la capacidad para realizar las inversiones requeridas y la preservación del espíritu de solidaridad en las tarifas.
La posibilidad de emplear modalidades novedosas de financiamiento para la construcción de infraestructura, como lo es la titularización, debe tenerse muy en cuenta. La experiencia del ICE en la gestión de fideicomisos para proyectos hidroeléctricos resulta muy valiosa.
La segunda reforma legal tiene que ver con aspectos relacionados con el trabajo. Dos proyectos están en discusión, uno atinente a la flexibilidad laboral y el otro al empleo público.
Resulta evidente que los cambios ocurridos en campo económico y tecnológico en los últimos años han incidido en el mundo del trabajo. Ahora existen nuevas maneras en que las personas pueden contribuir con su esfuerzo a la producción, así como también exigencias inéditas para que las empresas puedan mantener su competitividad en los mercados. Este devenir obliga a una revisión de las normas que rigen las relaciones laborales.
No obstante, los cambios que se produzcan en este ámbito no deben afectar las garantías vigentes, resultado de conquistas históricas que enorgullecen a los costarricenses. Por el contrario, cualquier reforma legal debería ampliar esos derechos en aras de puestos de trabajo más dignos, que debe ser la meta de una sociedad que valora la equidad y la justicia social.

Juan Manuel Villasuso