Patentes de licor pagarán hasta ¢1,2 millones al año

Las municipalidades tendrán reglas más claras para cobrar los impuestos que les corresponden por la venta de bebidas alcohólicas.
Nuevos parámetros para calcular los tributos se incluyeron ayer en un proyecto que fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Municipales.
Se establece en la nueva normativa que por trimestre los gobiernos locales cobrarían entre ¢50 mil y ¢302 mil, dependiendo del tipo de patente que exploten.
Por ejemplo, una licorera pagaría el monto mínimo, mientras que un bar y otros centros nocturnos pagarían hasta ¢1,2 millones al año.
Las nuevas variables para definir los tributos están relacionadas con la actividad comercial del expendio de licor, el número de empleados que trabajen en el lugar y el valor de las ventas anuales, entre otros parámetros.
Para que los municipios actualicen el cobro de este tipo de impuestos, los diputados deben aprobar antes este proyecto en el Plenario.
Sin embargo, no habría mayor oposición porque el plan fue consensuado con las municipalidades, los comerciantes, los patentados y otros actores y además, recibió dictamen unánime de todos los partidos en la comisión, expresó William Alvarado, legislador del PUSC.
“Después de un extenso debate llegamos a un acuerdo político que permite cumplir con los mandatos de la Sala IV y unir a todos los sectores y eso nos satisface. Esperamos que el plan se apruebe sin ningún problema”, añadió Alvarado.
La necesidad de reformar la ley de bebidas alcohólicas se debe a que desde 2013 no existe una norma clara en cuanto a los impuestos que pueden cobrar las municipalidades.
En ese año la Sala Constitucional declaró ilegal la ley de bebidas alcohólicas, porque hacía una diferenciación entre los distritos.
Ante este panorama, muchos dueños de patentes no han pagado sus gravámenes desde entonces.
“Consideramos que esta reforma a la ley no es la ideal, pero al menos nos da seguridad jurídica a todos los municipios sobre la forma de cobrar los impuestos, pues, desde que la norma se declaró ilegal, los municipios han perdido millones de colones”, indica Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales.

Esteban Arrieta
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